Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se pronuncia sobre las medidas que tiene previsto adoptar la Comisión Europea referidas al paquete vitivinícola que considera «insuficientes». Afirman que «la carencia de financiación adicional por parte del presupuesto comunitario lastrará la efectividad de las mismas, en especial, la ausencia de plan de arranque subvencionado con criterios sociales».

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos valora positivamente las medidas ya aprobadas por la Comisión para hacer frente a la caída continuada de la demanda en el consumo de vino así como las tensiones geopolíticas y arancelarias y de cambio climático que afecta a este cultivo, pero cree que se han dejado otras tantas en el tintero que son importantes. En relación al paquete de medidas de apoyo al sector vitivinícola europeo conocidas recientemente, considera que «han faltado incluir algunas propuestas necesarias para el sector que ayuden a impulsarlo desde dentro». Y en cuanto al “Paquete Vino” presentado por el MAPA destacan que «es insuficiente para el sector».

El alcance de la propuesta

La propuesta de Reglamento comunitario modifica legislación básica para el sector en dos de los ámbitos que más inciden en el mismo. En lo referido al potencial productivo, los Estados miembros tendrán la posibilidad de limitar, incluso reducirlas a cero, la concesión de autorizaciones de nuevas plantaciones a nivel regional en áreas específicas con exceso de oferta cuando se hayan puesto en marcha medidas nacionales o comunitarias para reducir la producción (destilación, vendimia en verde, arranque). Igualmente, se dota al sector de una mayor flexibilidad en el régimen de autorizaciones de replantación que pasa de los 3 años a ser válidas por un período de 8 años a partir de su concesión dotando de mayor margen de maniobra a la hora de decidir variedades más adaptadas a la demanda del mercado o a las condiciones climáticas cambiantes.

Además, los viticultores con autorizaciones de nuevas plantaciones (y las resultantes de la conversión de derechos de plantación) concedidas antes del 1 de enero de 2025 que deseen renunciar a las mismas, no sufrirán penalizaciones administrativas.

La propuesta incrementa la cifra total de ayuda nacional que un Estado miembro podrá conceder cada año para destilación o cosecha en verde (medidas de crisis) hasta el 20% de la asignación recibida de la UE en el marco de la intervención sectorial vitivinícola.

Valoración de las actuaciones

Unión de Uniones participó en la reunión de trabajo en la que el Ministerio de Agricultura informaba sobre el estado de la cuestión acerca de las medidas del denominado Paquete Vino que modificarán diversos artículos de los Reglamentos de base que ahorman el sector.

La organización valora positivamente algunas de las actuaciones previstas como el incremento de los periodos de replantación hasta ocho años o la limitación de nuevas plantaciones con criterios regionales, que evitan la deslocalización de las plantaciones y replantaciones.

En la misma línea, también cree que van en la buena dirección las medidas referidas  al potencial productivo, como las relativas al establecimiento de rendimientos máximos y de normas sobre la gestión de reservas, la elaboración de vinos sin alcohol o con bajo contenido en alcohol que buscan el equilibrio entre oferta y demanda.

Sin embargo, Unión de Uniones cree que, «para ser más efectivo con este paquete, el MAPA debería  habilitar un presupuesto extraordinario que permita que la ficha financiera de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) se destine a viticultores y bodegueros que desean seguir en el sector (202,14 M€ / anuales) y no dejar este asunto en el aire».

Asimismo, destaca que se debe incorporar una medida de arranque con criterios sociales en zonas específicas, implicar  las CCAA en una definición de la cosecha (vendimia) en verde más atractiva para los viticultores que permita compensar su pérdida de renta así como no cerrarse en banda en lo relativo a las inversiones del sector.

Unión de Uniones insiste en la importancia estratégica del sector vitivinícola, su peso en la economía y las incertidumbres a las que se enfrente frente a un mercado exterior convulso. “Ahora se tiene la oportunidad de ir al encuentro de los viticultores con medidas que les ayuden. Es importante que se haga con altitud de miras”, comentan desde la organización.

Por otra parte, lamenta que la asignación de ayudas por sequía en el sector esté en standby y sin visos de activarse. Por último, desde el Ministerio se informó de la solicitud de destilación de crisis que cursaron Cataluña y Galicia sin conocer más detalles.

El arranque social, con una financiación sin criterio claro

Unión de Uniones valora que la discrecionalidad respecto de la financiación del arranque social está mal concebida desde la Comisión Europea. “Seguimos pensando que la ficha financiera de la ISV debe aplicarse en beneficio de los viticultores que permanecen en el sector, promoviendo una salida digna para aquellos que desean abandonarlo. La propuesta de la Comisión no sostiene con recursos suficientes esta idea fuerza que a nosotros nos parece básica”, comentan.

Asimismo, señalan que la Comisión «no ha tenido en cuenta modificaciones de índole diversa: la necesidad de promoción en el mercado comunitario, la apertura de la medida de inversiones al sector productor con el fin de atender a la aplicación de los ecorregímenes de la actual PAC y la posibilidad de que la medida de destilación de subproductos se amplíe a otros agentes del sector como las bodegas permitiendo proyectos de economía circular que, si bien se apuntan en el nuevo articulado, no se desarrollan con suficiente impulso».

En este sentido, entre las medidas de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) que se pretenden adaptar, destaca el mayor apoyo al sector para que los EEMM puedan incrementar la ayuda financiera de la UE hasta el 80% de los costes de inversión subvencionables para las inversiones destinadas a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo. En este ámbito, la duración de las campañas de promoción en terceros países se ampliará de tres a cinco años para garantizar una mejor promoción de los vinos europeos.

Diversos cambios en los vinos desalcoholizados, comercialización y etiquetado, pretenden contribuir al desarrollo de estrategias más ligadas al mercado y al derecho de información de los consumidores. Unión de Uniones estima conveniente la posibilidad de que las cooperativas y organizaciones de productores puedan acceder a las ayudas para inversiones, así como la potenciación de estrategias enoturísticas que contribuyan a la apertura y consolidación de nuevos consumidores.