La organización Unión de Uniones defiende que la medida estatal sobre la limitación de nuevas plantaciones de viñedo provoca pérdida de potencial productivo, impide las políticas estructurales en el sector y no protege a las DOP del riesgo de desequilibrio y pérdida de notoriedad.
La organización Unión de Uniones ha presentado en tiempo y forma Recurso de Alzada contra la Resolución publicada el pasado 28 de diciembre de 2021 en la que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios establecía fijar en 946 hectáreas la superficie que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones en 2022, equivalente al 0,1% de la superficie plantada de viñedo a 31 de julio de 2021.
El Recurso que presenta la organización pretende centrar la política vitivinícola atendiendo a la capacidad que el sector debe de tener a la hora de repartir el valor a lo largo de la cadena vitivinícola en un contexto pandémico que está reduciendo la rentabilidad y/o la supervivencia de amplias zonas vitivinícolas en el Estado.
Con estas nuevas medidas, serán más de 40.000 ha las que habrían dejado de estar a disposición del sector en forma de nuevas plantaciones desde que entrara en vigor en 2016 el nuevo sistema europeo de autorizaciones para el viñedo. Cabe mencionar que, en el contexto de países vitivinícolas de la UE, sólo España y Alemania, recortan el cupo de nuevas plantaciones por debajo del 1% de la superficie de viñedo existente que, como máximo, permite la normativa europea.
Esto ha evitado la pérdida de potencial vitícola de nuestro país que, pese a todo, el Ministerio de Agricultura cifró en 45.435 hectáreas entre el 31 de julio de 2015 y el 31 de julio de 2016 y que desde el año 2000 suma 234.694 hectáreas.
Desde la organización explican que “no se trata de que queramos que la superficie de viñedo crezca indiscriminadamente en España, pero el sistema de autorizaciones de nuevas plantaciones puede y debe ser aprovechado para mejorar la competitividad de la viticultura profesional”.
Para Unión de Uniones, la reducción del potencial y el recorte de nuevas plantaciones es una pérdida de patrimonio vitícola que estrangula la vía más social que permitiría redimensionar las explotaciones de los viticultores profesionales y los jóvenes que se incorporan al sector. Esto no sería, además, incompatible con que las Denominaciones de Origen establezcan limitaciones y restricciones en su ámbito para evitar futuros desequilibrios.
Las limitaciones de nuevas plantaciones que se han ido aprobando año tras año a nivel estatal atienden a las recomendaciones de la Interprofesional del vino de España (OIVE). Esto debería justificarse, en base a la legislación en vigor, en la necesidad de evitar riesgos claramente demostrados de oferta excesiva, basándose en informes y análisis sobre las perspectivas de mercado, las previsiones del impacto de las nuevas superficies que entrarían en producción y de los derechos de plantación y autorizaciones concedidas sin ejercer. Así, Unión de Uniones ha pedido también en su recurso, que el Ministerio de Agricultura haga públicos dichos informes.
Por otra parte, Unión de Uniones considera que el reparto de nuevas plantaciones entre las diferentes Comunidades Autónomas es desequilibrado y que la Resolución recurrida ignora que el verdadero problema en lo referido al potencial productivo, no está tanto en llegar a autorizar un 1% de nuevas plantaciones a nivel estatal, como en permitir la entrada en determinadas DO de autorizaciones de replantación deslocalizadas procedentes de áreas ajenas a las que generaron tales autorizaciones. En este sentido, desde Unión de Uniones declaran que «eso sí que puede desequilibrar la oferta en las DOP como ha ocurrido en zonas como Cava o Rueda”.
No obstante, tal y como denuncia la organización, no se es consciente de ese problema y, desde 2016, de las 98 figuras de calidad – homologables a una DOP – existentes en España, para la próxima campaña, sólo 6 han propuesto limitaciones y/o restricciones para planificar sus superficies de viñedo.
