La Federación Española del Vino (FEV) prevé una cosecha de vino y mosto entre un 10% y 15% menor que la del año anterior, debido a la sequía y al impacto del cambio climático. Asimismo, la organización pide flexibilidad en la aplicación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria y medidas para garantizar la sostenibilidad del sector vitivinícola.

La Federación Española del Vino (FEV) ha analizado el desarrollo de la nueva campaña vitivinícola, marcada por una vendimia generalizada, anormalmente adelantada y con una producción más reducida de lo habitual.

Según las previsiones, la cosecha de vino y mosto será entre un 10% y un 15% inferior a la del año anterior, que se cerró en 36,8 Mhl, y muy lejos de los 40 millones que se alcanzaron, por ejemplo, en 2021 o 2022. Esta caída varía según las zonas productoras, con reducciones de hasta el 40–50% en regiones especialmente afectadas por olas de calor, sequía o enfermedades de la vid como el mildiu.

La Comisión Ejecutiva de la FEV ha subrayado que estos datos evidencian la fuerte dependencia de la actividad vitivinícola respecto a la climatología y pone de manifiesto la necesidad de actuar con firmeza ante los efectos del cambio climático para garantizar la sostenibilidad futura del sector.

Asimismo, los bodegueros representados por la FEV han respondido a declaraciones de organizaciones agrarias, recordando que las bodegas asociadas cumplen estrictamente la Ley de la Cadena Agroalimentaria. Un cumplimiento que este año, debido a los recortes esperados en la producción, está provocando incrementos significativos en el precio de la uva para cumplir con la obligación de cubrir el coste efectivo de producción y compensar, en algunos casos, los bajos rendimientos de los viticultores. El incremento de costes de aprovisionamiento de materia prima, como es lógico, provoca a su vez un impacto en el resto de la cadena de valor del sector.

Sobre este asunto, la FEV reclama a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) cierta flexibilidad y una reflexión sobre algunos aspectos de la Ley, ya que es prácticamente imposible prever contractualmente una situación de escasez sobrevenida como la que se afronta este año en algunas zonas de España, y la Ley no permite la modificación del precio pactado al alza una vez entregada la uva, que es cuando realmente se conoce la merma sobre la producción esperada.

Esta situación podría perjudicar potencialmente a bodega ya que, en contra de su voluntad, podría estar incumpliendo la norma al no llegar a cubrir con el precio pactado previamente el coste efectivo de producción; y también al viticultor, que cobraría menos de lo que el comprador querría pagar debido a la merma en la cantidad final de uva entregada.