Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos informa acerca de su postura ante la causa abierta por la Audiencia Nacional con Félix Solís y García Carrión como investigados y explica que se personará como acusación popular. Señalan que tratarán de que se conozca si las prácticas denunciadas, de sentenciarse, han provocado perjuicios resarcibles a los viticultores.

Más respuestas ante el procedimiento abierto por la citación de la Audiencia Nacional a Félix Solís y García Carrión como investigados en un presunto fraude en la comercialización de vinos calificados en la Denominación de Origen Valdepeñas. Una de ellas es por parte de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos que comunica su decisión de personarse como acusación popular con respecto a esta acusación a Félix Solís y García Carrión. Quieren conocer si ello habría podido causar un perjuicio económico a los viticultores de cara a futuras reclamaciones.

Unión de Uniones ya ha mantenido en días pasados contactos con los viticultores de la zona de Valdepeñas, preocupados por la situación de indefensión en la que se encuentran en cada vendimia. “La posición de dominio del mercado que tienen allí estas dos grandes firmas les permiten imponer unilateralmente sus condiciones de precios y de recepción de la uva” explican desde la organización, que está recabando información para presentar las correspondientes denuncias a AICA si se evidencian incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria por haber pagado precios por debajo de los costes de producción.

A esta situación se une ahora la causa abierta por la Audiencia Nacional en la que van a ser investigadas las bodegas de Félix Solís y García Carrión por comercializar presuntamente vinos amparados por la DO y calificados como de crianza, reserva o gran reserva sin cumplir el pliego de condiciones para ello. La Audiencia Nacional también dirige el procedimiento contra las certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria, que deben acreditar que el vino comercializado cumple el condicionado correspondiente. “Otro escándalo que viene a sumarse a la lista de hechos lamentables que se vienen viviendo desde hace años en la DO, en la que, incluso bajo la gestión de la Consejería de Agricultura, tras la disolución de la Interprofesional, la industria hace y deshace a su antojo”, critican desde la organización.

La organización considera que, si está en duda la catalogación del proceso envejecimiento del vino, está en cuestión toda la trazabilidad del sistema y por eso Unión de Uniones se va a personar como acusación popular en la causa. “Queremos saber si la uva que se ha pagado a los viticultores como uva de mesa -prácticamente a la mitad de precio de la que se recepciona como DO- ha ido a vino de mesa o a qué ha ido”, manifiestan.

Asimismo Unión de Uniones quiere que se esclarezcan totalmente estos hechos para, en su caso, si se sentencia que ha habido prácticas que han ocasionado un perjuicio económico a los agricultores, éstos tengan base legal para reclamar compensaciones por los daños ocasionados.